Derecho administrativo y regulatorio · España
Abogados de derecho administrativo y regulatorio en España
¿Necesita impugnar una sanción administrativa, tramitar una licencia o participar en una licitación pública? Le ponemos en contacto con abogados colegiados que conocen los plazos y la práctica de los tribunales contencioso-administrativos en toda España. Nuestro servicio de selección es gratuito y sin compromiso.
- Respuesta media en 24–48 horas
- Sin coste para usted
- Abogados colegiados en toda España
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Por qué confiar en nosotros
El derecho administrativo en España, explicado con claridad
Los abogados de derecho administrativo y regulatorio en España asesoran a ciudadanos, empresas y entidades públicas en sus relaciones con las administraciones. El ordenamiento español sigue el modelo continental, con una jurisdicción contencioso-administrativa especializada y plazos de recurso muy breves. Desde una sanción administrativa o una licencia urbanística hasta un recurso contra una decisión estatal, los requisitos formales son estrictos y la intervención de un abogado colegiado marca la diferencia. Nuestro servicio compara gratuitamente a profesionales que conocen la práctica de los juzgados de lo contencioso-administrativo, de la Audiencia Nacional y del Tribunal Supremo. Usted describe su problema, nosotros le conectamos con un abogado que puede orientarle y, si procede, representarle ante los órganos competentes. Sin promesas de resultado: solo el emparejamiento adecuado a su asunto.
Datos verificados sobre España
Cómo funciona el derecho administrativo y regulatorio en España
En España, los litigios contra las administraciones públicas se resuelven en la jurisdicción contencioso-administrativa. Los plazos para recurrir son breves y las reglas de representación y costas varían según se trate de una persona física o jurídica. A continuación, resumimos lo esencial que debe saber antes de buscar abogado.
Jurisdicción contencioso-administrativa
En primera instancia conocen los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo. Las apelaciones se resuelven ante los Tribunales Superiores de Justicia de cada Comunidad Autónoma; la Audiencia Nacional asume determinados asuntos administrativos de ámbito nacional y el Tribunal Supremo unifica jurisprudencia mediante la casación.
Plazos de recurso
El recurso de alzada y el recurso potestativo de reposición deben interponerse en el plazo de un mes desde la notificación del acto. Perder este plazo supone la firmeza de la resolución administrativa y la imposibilidad de impugnarla en vía contenciosa, salvo supuestos excepcionales de nulidad.
Representación por abogado y procurador
Para actuar ante los órganos superiores de la jurisdicción contencioso-administrativa se exige, con carácter ordinario, la dirección técnica de un abogado y la representación procesal de un procurador. La colegiación en un Colegio de la Abogacía es obligatoria en toda España; basta la incorporación al colegio del domicilio profesional principal.
Tasas judiciales y costes
En el orden contencioso-administrativo la tasa judicial solo se exige a personas jurídicas; las personas físicas están exentas. Los honorarios de abogado se pactan libremente, sin tarifas oficiales vinculantes. Existe el derecho a la asistencia jurídica gratuita para quienes acreditan insuficiencia de medios según los umbrales legales de renta.
Acceso a la profesión
Para ejercer como abogado en España es obligatorio el título de Grado en Derecho, superar el Máster de Acceso a la Abogacía y aprobar el examen estatal, además de cumplir los requisitos del Estatuto General de la Abogacía: mayoría de edad, conocimiento del español y carecer de antecedentes penales por delitos graves.
Plazo clave — Derecho administrativo y regulatorio
Recurso administrativo (recurso de alzada / reposición) — 1 mes. El plazo para interponer un recurso administrativo contra un acto expreso (recurso de alzada o, potestativamente, recurso de reposición) es de un mes; contra un acto presunto, el plazo es de tres meses (artículo 122, Ley 39/2015).
La información procede de fuentes oficiales españolas y del portal europeo de e-Justicia, consultadas en la fecha de redacción.
- Sistema judicial español – Portal Europeo de e-Justicia
- Real Decreto 135/2021, de 2 de marzo, por el que se aprueba el Estatuto General de la Abogacía Española
- Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas
- Real Decreto de 24 de julio de 1889 por el que se publica el Código Civil
- Ley 29/1987, de 18 de diciembre, del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones
- Plazo de impugnación de despido – BOE
Problemas frecuentes
¿Le suena alguna de estas situaciones?
El derecho administrativo castiga la improvisación. Identifique su problema y actúe a tiempo.
Sanción administrativa inesperada
Ha recibido una multa o resolución sancionadora y no sabe si tiene fundamento ni cómo recurrirla dentro del plazo de un mes.
Licencia o permiso denegado
Su solicitud de licencia urbanística, ambiental o de actividad ha sido denegada o está paralizada y necesita una estrategia de impugnación.
Licitación pública o contrato administrativo
Participa en un procedimiento de contratación pública y teme que la adjudicación no se ajuste a derecho o quiere impugnar los pliegos.
Por qué elegirnos
Un servicio pensado para usted
Sin letra pequeña: así funciona el emparejamiento con abogados de derecho administrativo.
Comparación gratuita
Usted expone su caso y recibe propuestas de abogados colegiados sin ningún coste. Compare experiencia, ubicación y enfoque antes de decidir.
Especialistas en derecho público
Todos los abogados de nuestra red conocen los procedimientos contencioso-administrativos y los plazos de recurso en España.
Respuesta rápida
Los abogados suelen responder en un plazo medio de 24 a 48 horas. Si su plazo judicial es breve, indíquelo al enviar la solicitud.
Confidencialidad garantizada
Sus datos se tratan de forma segura y solo se comparten con los abogados que usted autorice para recibir su consulta.
Ámbito de actuación
Abogados en toda España
Desde grandes capitales hasta ciudades medianas, colaboramos con despachos y abogados independientes en las principales plazas del país y en otras jurisdicciones europeas para asuntos transfronterizos.
Preguntas frecuentes
Dudas habituales sobre el derecho administrativo en España
¿Qué hace un abogado de derecho administrativo y regulatorio en España?
Asesora y representa a particulares y empresas ante las administraciones públicas y los tribunales contencioso-administrativos. Interviene en recursos contra sanciones, licencias, expropiaciones, contratos públicos y otros actos administrativos. En España, la colegiación en un Colegio de la Abogacía es obligatoria para ejercer.
¿Cuál es el plazo para recurrir una sanción administrativa en España?
Con carácter general, dispone de un mes desde la notificación para interponer recurso de alzada o de reposición. Ese plazo es perentorio: si lo deja pasar, la resolución queda firme. Por eso conviene contactar con un abogado cuanto antes para preparar el escrito.
¿Necesito abogado y procurador en la jurisdicción contencioso-administrativa?
Ante los juzgados y tribunales superiores se exige la dirección técnica de un abogado y, con carácter ordinario, la representación de un procurador. Las personas físicas están exentas del pago de la tasa judicial, pero las personas jurídicas sí deben abonarla.
¿Cuánto cuesta contratar a un abogado de derecho administrativo en España?
Los honorarios se pactan libremente entre abogado y cliente; no existen tarifas oficiales vinculantes. Los colegios de la abogacía publican criterios orientativos. Además, quienes acrediten insuficiencia de recursos pueden solicitar asistencia jurídica gratuita.
¿Puedo recurrir una decisión de la Administración sin abogado?
En vía administrativa es posible presentar escritos por sí mismo, pero ante los órganos judiciales contencioso-administrativos la intervención de abogado es obligatoria. Dado que los plazos son breves, lo recomendable es consultar con un profesional desde el inicio.
¿Qué diferencia hay entre recurso de alzada y recurso de reposición?
El recurso de alzada se interpone ante el superior jerárquico del órgano que dictó el acto; el de reposición, ante el mismo órgano. Ambos comparten el plazo general de un mes y son requisito previo para acudir a la jurisdicción contencioso-administrativa en muchos casos.
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