Derecho administrativo · España
Abogado de derecho administrativo en España
Las decisiones de la Administración —sanciones, licencias, subvenciones, contratos públicos o responsabilidad patrimonial— se pueden impugnar, pero los plazos y el órgano competente no admiten improvisación. Te ponemos en contacto con abogados que tramitan habitualmente recursos y procedimientos contencioso-administrativos en España.
- Revisión de la resolución y del plazo disponible
- Defensa en vía administrativa y contencioso-administrativa
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Derecho administrativo
Qué hace un abogado de derecho administrativo en España
Si la Administración te ha sancionado, ha denegado una licencia, ha desestimado una reclamación o no ha resuelto en plazo, tienes vías de reacción, pero cada una tiene su propio calendario. Un abogado de derecho administrativo en España revisa la resolución, comprueba si procede recurso de alzada o de reposición —un mes— y decide si conviene agotar la vía administrativa antes de acudir al orden contencioso-administrativo. También asiste en contratación pública, responsabilidad patrimonial, urbanismo, extranjería y procedimientos sancionadores. En esta página explicamos cómo se organizan los tribunales, quién puede representarte y qué costes entran en juego. El primer paso suele ser una revisión documental de la resolución y de la fecha de notificación. Si necesitas ayuda concreta, te emparejamos gratis con un despacho especializado.
Contexto jurídico español
Cómo funciona el derecho administrativo en España
El derecho administrativo español se apoya en una jurisdicción propia y en una ley de procedimiento común a todas las Administraciones. Antes de demandar hay que agotar la vía administrativa y respetar plazos que, en la mayoría de los trámites, se cuentan en meses o en días hábiles. Estos son los puntos que más influyen en un asunto contencioso-administrativo.
Una jurisdicción propia: los juzgados de lo contencioso-administrativo
Los asuntos contra la Administración se resuelven, en primera instancia, en los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo. Las apelaciones corresponden a los Tribunales Superiores de Justicia de cada comunidad autónoma, y la casación, al Tribunal Supremo, con sede en Madrid y una Sala de lo Contencioso-Administrativo propia. La Audiencia Nacional conoce de determinados asuntos administrativos que afectan a todo el territorio.
La vía administrativa previa y el plazo de un mes
Antes de acudir a los tribunales es habitual tener que interponer un recurso de alzada o de reposición contra el acto administrativo. El plazo general para presentarlo es de un mes. Agotar correctamente esta vía es determinante: de ella dependen tanto la posibilidad de impugnar después la resolución como el contenido del posterior recurso contencioso-administrativo.
Tasa judicial: quién está obligado a pagarla
En el orden contencioso-administrativo existe una tasa judicial por el ejercicio de la potestad jurisdiccional, pero solo están obligadas a pagarla las personas jurídicas: empresas, asociaciones y fundaciones. Las personas físicas están exentas. La tasa combina un importe fijo, que varía según el orden y el tipo de procedimiento, y un importe variable en función de la cuantía del asunto.
Quién puede ejercer: Colegio de la Abogacía y habilitación estatal
Para actuar ante los tribunales hay que ser abogado ejerciente e integrarse en un Colegio de la Abogacía, adscripción obligatoria en España. Basta la incorporación a un solo Colegio —el del domicilio profesional único o principal— para poder ejercer en todo el territorio nacional. El acceso exige el Grado en Derecho, un máster especializado de acceso y superar el examen estatal de aptitud.
Representación procesal: abogado y procurador
Ante los órganos judiciales superiores, la representación por procurador y la dirección técnica por abogado son los requisitos ordinarios, conforme al Estatuto General de la Abogacía Española. El Estatuto también exige la mayoría de edad, el título profesional oficial, conocimiento del español, carecer de antecedentes penales por delitos graves y estar dado de alta en la Seguridad Social.
Asistencia jurídica gratuita para quienes carecen de medios
La Ley 1/1996 regula la asistencia jurídica gratuita: incluye abogado, procurador, peritos y exención de costes procesales para quien carece de medios suficientes. Se reconoce cuando la renta bruta anual de la unidad familiar no supera el umbral vinculado al IPREM, con cuantías superiores si hay familiares dependientes. La solicitud se presenta ante el Colegio de la Abogacía del tribunal competente.
Plazo clave — Derecho administrativo y regulatorio
Recurso administrativo (alzada o reposición) — 1 mes. Plazo general para impugnar un acto administrativo en vía administrativa.
Los datos de esta sección proceden de fuentes oficiales de España y de la Unión Europea (BOE, Consejo General de la Abogacía Española y e-Justice), consultadas en la fecha de publicación de esta guía.
- Sistema judicial español – e-Justice (Comisión Europea)
- Estatuto General de la Abogacía Española (Real Decreto 135/2021)
- Consejo General de la Abogacía Española (CGAE)
- Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas
- Ley 1/1996, de asistencia jurídica gratuita
- Ley reguladora de la Jurisdicción Social (plazo de despido)
- Código Civil (plazos civiles y de arrendamientos)
- Ley del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones
Problemas frecuentes
Por qué un asunto administrativo se complica
Los procedimientos frente a la Administración tienen reglas propias. Estos son los puntos donde más margen se pierde por motivos evitables.
El plazo no espera
Un mes para el recurso de alzada o de reposición no es mucho tiempo, y en procedimientos sancionadores o de contratación pública los trámites se suceden rápido. Esperar a tenerlo todo claro puede dejarte sin margen de reacción.
Laberinto de vías y escritos
Alzada, reposición, reclamación previa, requerimiento, vía contencioso-administrativa… Elegir mal la vía o el órgano no siempre se corrige después, y cada decisión condiciona la siguiente.
Costes y representación
Las personas físicas están exentas de la tasa judicial en el orden contencioso-administrativo, pero no de los honorarios del abogado. Saber de antemano qué gastos son previsibles, y si encajas en la asistencia jurídica gratuita, cambia la decisión.
Qué obtienes
Un abogado adecuado para tu asunto administrativo
Filtramos por especialidad y por experiencia real frente a Administraciones públicas, para que no pierdas tiempo con perfiles que no encajan con tu problema.
Abogados que tramitan recursos administrativos
Conectamos tu caso con despachos que trabajan habitualmente frente a Administraciones públicas: sanciones, licencias, subvenciones, contratación pública, urbanismo y responsabilidad patrimonial.
Cobertura en toda España
Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Zaragoza, Málaga, Bilbao o Murcia. La incorporación a un Colegio de la Abogacía habilita para ejercer en todo el territorio nacional, así que la distancia no es un obstáculo.
Compara antes de decidir
Recibes propuestas de letrados especializados, con información sobre su experiencia y sus honorarios, para que elijas con criterio. Los honorarios se pactan libremente entre abogado y cliente.
Sin coste para ti
El servicio de emparejamiento es gratuito y no te obliga a contratar. Nos describes el problema, y un abogado valora la viabilidad y los siguientes pasos.
Fuera de España
Asuntos administrativos con dimensión europea
Si tu asunto tiene ramificaciones fuera de España —contratos públicos con empresas extranjeras, sanciones transfronterizas o litigios con Administraciones de otros Estados—, también trabajamos con abogados en estos países:
Preguntas frecuentes
Dudas habituales sobre derecho administrativo en España
¿Cuándo necesito un abogado de derecho administrativo en España?
Cuando la Administración dicta un acto que te afecta: una sanción, la denegación de una licencia o de una subvención, una reclamación de responsabilidad patrimonial, un procedimiento de contratación pública o una resolución que no llega en plazo. Antes de decidir, conviene revisar la notificación y el plazo disponible.
¿Cuánto tiempo tengo para recurrir una resolución administrativa en España?
El plazo general para el recurso de alzada o de reposición es de un mes, conforme a la Ley 39/2015. Es un plazo breve y su cómputo depende de cómo se haya practicado la notificación, por lo que resulta recomendable revisar el expediente en los primeros días.
¿Qué tribunales resuelven los asuntos contencioso-administrativos en España?
En primera instancia conocen los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo. Las apelaciones corresponden a los Tribunales Superiores de Justicia de cada comunidad autónoma y la casación al Tribunal Supremo, con sede en Madrid. La Audiencia Nacional asume determinados asuntos administrativos que afectan a todo el territorio.
¿Hay que pagar tasa judicial en el orden contencioso-administrativo?
La tasa judicial existe en el orden contencioso-administrativo, pero solo la abonan las personas jurídicas; las personas físicas están exentas. El importe combina una cantidad fija y otra variable según la cuantía del asunto. Los órdenes social y penal no están sujetos a esta tasa.
¿Puedo solicitar asistencia jurídica gratuita para un asunto administrativo?
La Ley 1/1996 la regula: cubre abogado, procurador, peritos y exención de costes procesales para quienes carecen de medios suficientes. Se reconoce por debajo de un umbral vinculado al IPREM, que se eleva según el número de familiares dependientes, y se solicita ante el Colegio de la Abogacía del tribunal competente.
¿Cómo se fijan los honorarios de un abogado administrativista en España?
Los honorarios se acuerdan libremente entre cliente y abogado, sin tarifas oficiales obligatorias. Los Colegios publican criterios orientadores no vinculantes para fijar y revisar minutas. Si se pierde el pleito, el tribunal puede imponer las costas a la parte vencida, con el límite de un tercio de la cuantía en las fases declarativas.
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