Product liability lawyer en España: reclamar los daños causados por un producto

Contexto jurídico

Cómo funciona una reclamación civil en España

España es un Estado descentralizado con un poder judicial único, donde conviven el Código Civil común y los derechos civiles propios de determinados territorios. Antes de iniciar cualquier reclamación por daños conviene saber qué juzgado es competente, quién puede representarle y qué plazos rigen.

Un sistema de derecho civil codificado

España sigue el modelo continental: la base no es el precedente judicial, sino códigos como el Código Civil de 1889, el Código de Comercio y las leyes procesales. El Tribunal Supremo unifica la interpretación de la ley mediante su jurisprudencia, de modo que la estrategia de una reclamación civil se construye sobre la norma aplicable y sobre la doctrina consolidada de sus Salas.

Juzgados competentes y vías de recurso

En primera instancia los asuntos civiles corresponden a los Juzgados de Primera Instancia. La apelación frente a sus resoluciones se presenta ante la Audiencia Provincial, mientras que los Tribunales Superiores de Justicia actúan en el ámbito de cada comunidad autónoma. La casación y la revisión corresponden al Tribunal Supremo, con sede en Madrid, organizado en Salas Civil, Penal, Social, Contencioso-Administrativa y Militar.

Abogado y procurador: quién puede actuar

Para ejercer en España es obligatoria la incorporación a un Colegio de la Abogacía, coordinado por el Consejo General de la Abogacía Española (CGAE). Se exige el Grado en Derecho, el Máster de Acceso a la Abogacía o curso equivalente de 90 ECTS y superar la prueba estatal de aptitud conforme a la Ley 34/2006. En litigios civiles, la intervención de abogado y procurador es con carácter general preceptiva.

Costas, tasa judicial y honorarios

La tasa judicial por el ejercicio de la potestad jurisdiccional se exige en el orden civil y contencioso-administrativo, pero solo la pagan las personas jurídicas: las personas físicas están exentas (Ley 10/2012). Los honorarios de abogado se pactan libremente, sin aranceles obligatorios, y los colegios publican criterios orientadores. Quien pierde puede ser condenado en costas, con el límite de un tercio del importe del litigio para abogado y procurador.

Asistencia jurídica gratuita

La Ley 1/1996 regula la asistencia jurídica gratuita: garantiza abogado, procurador, peritos y exención de costas procesales a quienes carecen de medios suficientes. El derecho se reconoce cuando la renta anual de la unidad familiar no supera el umbral vinculado al IPREM, con incrementos según el número de dependientes. La solicitud se presenta ante el Colegio de la Abogacía del órgano judicial competente.

Derecho civil propio en territorios forales

España es un Estado altamente descentralizado: Cataluña, País Vasco, Navarra, Galicia y Baleares cuentan con normas de derecho civil propias que conviven con el Código Civil común. Saber qué derecho resulta aplicable condiciona cuestiones como el régimen económico del matrimonio o la sucesión, un factor relevante cuando la reclamación se cruza con asuntos de familia o herencia.

Los datos de esta página proceden de fuentes oficiales españolas (BOE, Consejo General de la Abogacía Española) y de la información de la Unión Europea sobre sistemas judiciales nacionales (e-Justicia), consultadas en 2025.

• Sistema judicial de España — e-Justicia (Unión Europea)
• Real Decreto 135/2021, Estatuto General de la Abogacía Española (BOE)
• Código Civil — texto consolidado (BOE)
• Ley 1/1996 de asistencia jurídica gratuita y régimen de costas (BOE)
• Consejo General de la Abogacía Española
• Ley reguladora de la jurisdicción social — plazo de despido (BOE)
• Ley General Tributaria — recursos administrativos (BOE)